En tiempos difíciles para los trabajadores argentinos vemos cómo la burguesía nativa es nuevamente privilegiada. Luego de “arduas” negociaciones en nombre de la “soberanía nacional” y de la defensa de los “intereses del pueblo argentino”, finalmente el gobierno del Frente de Todos cerró la negociación del pago de una parte de la ilegitima deuda externa con los grupos de la burguesía financiera internacional (1). La “celebración” del ministro de Economía Martin Guzmán por el acuerdo logrado fue acompañada efusivamente por la oposición del Pro (2 y 3). Las felicitaciones de los dirigentes de Cambiemos, como la del ex presidente Mauricio Macri, principal responsable del endeudamiento del país y Dante Caputo, operador de los bancos extranjeros - fugador de divisas- ; del Papa Francisco que “bendijo” a los bonistas (4); del Fondo Monetario Internacional (FMI), representante de la burguesía imperialista convertida en “aliada incondicional” de la noche a la mañana y el respaldo del kirchnerismo que pasó del NO AL FMI al “mejor acuerdo que se podía alcanzar” son ejemplos claros de que todos los sectores de la clase dominante estaban unidos en un solo objetivo: mantener los beneficios del capital a costa del sacrificio del pueblo. El pago de la deuda es un negocio redondo para aquéllos que lo festejan, como los fondos de especulación financiera que vuelven a ganar dinero, el gobierno que consigue “acceso” a nuevos créditos en un contexto de crisis económica y el FMI que se pone en fila para exigir recortes y ajuste fiscal al mismo tiempo que se prepara para cobrar los futuros vencimientos de los préstamos de la pesada herencia de Macri refugiado en Francia (5).

El presidente Alberto Fernández, que no se despega ni un ápice de la línea política de su origen menemista al lado de Duhalde y de Cavallo, justificó la estafa a todo el pueblo argentino aduciendo que no había otra alternativa (6 y 7). Para el presidente, el único camino es que el peso de la abultada deuda sea pagada con la pobreza de nuestros jubilados y los salarios congelados de los trabajadores, mientras los fugadores de divisas, los bancos, los dueños de cuentas en paraísos fiscales y los empresarios amigos del gobierno se embolsan los beneficios sin rendir cuentas a nadie. Nosotros sostenemos que era posible tomar la decisión de NO pagar la deuda fraudulenta y evitarle a nuestro pueblo más privaciones. Sin embargo, la decisión política de no enjuiciar y encarcelar a los verdaderos responsables de la deuda contraída por el gobierno anterior son elementos que evidencian que el Frente de Todos es el garante de los intereses de la clase dominante por más que les pese (8).

Las idas y vueltas de Alberto Fernández demuestran la debilidad política sobre la que se asienta su gobierno. Por un lado, la enorme crisis del Estado con déficit de crecimiento e inversión; por otro, las reservas del Banco Central que se evaporan al ritmo de la especulación con el dólar y la incapacidad de gestionar la pandemia que aceleró los problemas económicos del país van desgastando la imagen del gobierno frente a distintos sectores de la sociedad que quieren respuestas rápidas para no quedarse sin trabajo, con comerciantes que cierran, Pymes que desaparecen y millones de trabajadores informales y desocupados que no llegan a fin de mes con los paliativos del estado (9). Por otra parte, el variopinto rejunte del Frente de Todos se está volviendo un dolor de cabeza para la gestión. Para tapar las tensiones internas que surgen, el presidente negocia aquí y allá acuerdos y concesiones para mantener el frente atado con alambre, aunque las diferencias son notorias dentro del movimiento y amenazan la unidad del espanto. Un ejemplo de ello es el retroceso con la estatización de la deuda privada de Vicentín (10). De la metida de pata en la que sectores del campo popular peronista defendieron la recuperación de la “soberanía alimentaria”, el antiguo discípulo de Cavallo, el Sr. Alberto Fernandéz reculó ante la patronal de la soja y derogó el decreto de intervención de la multinacional cerealera para tranquilidad de la burguesía terrateniente que, seguramente, no pagará nunca los pasivos ni la deuda con el Banco Nación. Los únicos que quedaron desamparados con el movimiento pendular del gobierno nacional son los trabajadores de la algodonera que hace meses no cobran (11). También la renuncia de la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, evidencia los abismos que existen entre diferentes funcionarios de la bolsa de gatos: los enfrentamientos entre dos maneras de concebir la educación, de entender la problemática docente y de gestionar mantuvo largo tiempo enfrentados a Puiggrós con Trotta, el ministro. Lamentablemente, perdió la pulseada la viceministra quien terminó dando un portazo que, para el gobierno, sólo implica pérdida por la calidad de la funcionaria renunciante (12).

Otro tema en que el gobierno nacional volvió a mostrar sus movimientos pendulares es en torno al tema de la inseguridad a raíz del caso del jubilado asesino (13). Debemos señalar que, durante la cuarentena, los medios de comunicación hegemónicos (Clarín, América, La Nación) vienen azuzando impúdicamente una campaña de miedo en torno a hechos delictivos destinada a instalar y legitimar la teoría de la “mano dura”, la justicia del revólver por mano propia, la justificación del gatillo fácil, el accionar represivo (14y 15) y la estigmatización de la pobreza. Creemos que los discursos de odio promovidos por comunicadores como Baby Echecopar, Luis Majul y Jorge Lanata, entre otros, son parte de una campaña promovida por el partido militar, en el cual se agrupan los sectores más rancios y reaccionarios de la burguesía, responsables políticos y materiales de la última dictadura genocida. El partido militar fue el apoyo fundamental del gobierno de Macri y muchos de sus miembros fueron funcionarios del PRO, como Pablo Nocetti, implicado en la desaparición de Santiago Maldonado (16). La campaña mediática del partido militar busca una mayor injerencia, control y defensa de las fuerzas armadas sobre la población aprovechando la pandemia y el eco que el tema de la inseguridad hace en las clases medias. En ese sentido, Alberto Fernández, siguiendo el oportunismo de los votos, inauguró una cárcel anunciando que el crecimiento de la delincuencia se combate con más prisiones al mejor estilo “rambo” de Sergio Berni (17). Como pueblo no debemos dejarnos engañar por la propaganda mediática del enemigo de clase. Sabemos bien que “las balas y el paredón” no acaban con la inseguridad. Por el contrario, sirven para garantizar la impunidad y la corrupción de las fuerzas policiales que han quedado demostradas con los recientes descubrimientos del accionar de la bonaerense en la desaparición forzada de Facundo Castro (18). Sostenemos que el problema de la delincuencia se resolverá con políticas sociales destinadas a disminuir la brecha de la desigualdad, el acceso a la educación, la salud y el empleo para las amplias masas. Es abordando y atacando las causas sociales que generan la marginación donde el Estado debería que actuar.

Por otra parte, día a día millones de trabajadores seguimos expuestos al coronavirus (19). Patronales que violan los protocolos de cuidado, gobiernos que no sancionan y en muchos casos encubren los casos dejan a los trabajadores cada vez más desprotegidos. Al temor de que nos despidan como en Techint, (20) o que nos adeuden salarios impagos, se suma la intranquilidad de caer enfermos por la irresponsabilidad de la patronal que lucra con nuestra vida como sucede con los trabajadores del Ferrocarril con más de 400 contagiados (21). Sin lugar a dudas, la alarmante situación en el Ingenio Ledesma, propiedad de la Flia Blaquier, es un ejemplo de lo poco que le importa a la burguesía nativa la vida de los trabajadores argentinos. La empresa se niega a parar la producción y reducir la planta de trabajadores violando todos los convenios y protocolos de trabajo cuando se ha denunciado que hay más de 200 trabajadores contagiados y que han fallecido otros 9 por Covid-19. La multinacional del azúcar Ledesma, protegida por el gobierno provincial, es la principal responsable de la situación alarmante que se vive en la ciudad de Libertador San Martín. El sindicato llamó a un paro para proteger la salud de sus representados y obligar a la patronal a adoptar las medidas necesarias (22). La impunidad del accionar de los Blaquier es criminal porque atenta contra la salud de la población local a costa de maximizar sus ganancias y resume la esencia del capitalismo. La triste situación que viven los pobladores y trabajadores del ingenio se enmarca en la política antiobrera de Gerardo Morales, el principal responsable del colapso sanitario de la provincia por la expansión del virus (23 y 24), lo que demanda la intervención urgente del gobierno nacional.

Mientras continúan multiplicándose los casos del Covid-19 y ante la obtención de la primera vacuna por parte de Rusia, el gobierno nacional anunció un acuerdo con el laboratorio británico Astrazeneca y la Universidad de Oxford para la producción de vacunas en el país a través del laboratorio local Mbxcience que además contará con la participación de México y el apoyo financiero de Carlos Slim (25). La decisión del gobierno de Alberto Fernández de cerrar un acuerdo con las multinacionales farmacéuticas ligadas al monopolio de los medicamentos y al comercio de la salud llama poderosamente la atención (26). El hecho de que uno de los grupos accionistas mayoritarios del laboratorio Astrazeneca sea Blackrock, que “casualmente” es uno de los mayores acreedores de la deuda renegociada días atrás nos resulta sospechoso (27). ¿No será que la salud de todos es una oportunidad única de negocios para unos pocos…? ¿Fue parte del acuerdo de la deuda atar la salud pública en favor de las ganancias de las empresas farmacéuticas ligadas a la burguesía financiera imperialista…? Sin dudas, en un claro síntoma de su origen menemista, la política internacional del Sr. Alberto Fernández continúa la línea de sostener los vínculos carnales con la burguesía financiera anglosajona. Sin embargo, siguiendo la lógica pendular del presidente, no nos sorprende que haya pedido 22 millones de dosis al emporio de laboratorios occidentales mientras envía una carta de felicitación al gobierno ruso (28 y 29). ¿Será que el gobierno está poniendo un huevo en cada canasta para pedir las dosis que le faltan a Rusia y fabricarlas en Tierra del Fuego…? (30).

Por último, la prisión domiciliaria otorgada a Sebastián Romero es fruto de la presión y una gran campaña de solidaridad por la liberación de un luchador de nuestra clase perseguido por defender los derechos de los trabajadores (31). Es necesario redoblar los esfuerzos por la unidad del proletariado, trabajar con humildad y paciencia para construir la unidad de todo el campo popular y acabar con este sistema diseñado por nuestros explotadores sólo para su beneficio y a costa de nuestras postergaciones.