Partido Revolucionario de los Trabajadores
Por la Revolución Obrera, Latinoamericana y Socialista "El deber de todo revolucionario es hacer la revolución" (Ernesto Guevara)

Tamaño de texto + /01 de Febrero 2021

NACIONAL

PARTE I - Vacunas con privilegios = Violencia sobre el pueblo

En un contexto internacional de profundización de la crisis del sistema capitalista, la continuidad de la pandemia de Covid 19 y sus variantes se han convertido en un problema al cual ningún país le ha encontrado solución. Con más de 2 millones de contagios y 51 mil fallecidos, la Argentina, por supuesto, no es la excepción. A pesar de la eficacia demostrada por la vacuna Spuntik V, la cantidad de dosis son insuficientes para alcanzar la inmunidad total en nuestro país y poder volver a la “normalidad” (1). El escándalo de las vacunas VIP protagonizado por el ex ministro de Salud Ginés González García y Horacio Verbitsky destapó un mecanismo de privilegios y tráfico de influencias que atraviesa a todo el gobierno nacional (2).Hay algunos actores que nos llevan a suponer que la salida de Ginés García fue parte de una “operación política” que contó con la participación nada ingenua de Horacio Verbitsky –sostenido por la Fundación Ford, entre otras cosas-, fraguada por sectores del kirchnerismo que hace tiempo quiere poner a su gente al frente de los ministerios revelando una puja interna de poder dentro de la alianza del Frente de Todos.

El caso de corrupción que salpica al gobierno del Frente de Todos se convirtió en el primer escándalo político del 2021. Es vergonzosa e indignante la actitud miserable de todos aquellos políticos que haciendo uso y abuso de su poder fueron parte y cómplices de tremendo engaño y enorme insulto a nuestro pueblo que depositó su confianza en este gobierno. Las palabras del presidente hablando de “hacer una sociedad más justa” se fueron al tacho de la basura luego de que millones de argentinos, que esperan ansiosamente recibir la vacuna contra el Covid-19, vieran ante sus ojos cómo el gobierno montó un vacunatorio privado para amigos y funcionarios de su propio partido con la participación de médicos y responsables del área de Salud. Quedó en evidencia que para el gobierno del Frente de Todos hay ciudadanos de primera con preferencias y ciudadanos de segunda: todos nosotros.

Este hecho de corrupción revela la desigualdad existente dentro del estado burgués, herramienta con la que la burguesía ejerce su poder y dominación sobre nosotros, el proletariado. Es el poder que tienen y con el que nos sojuzgan uno de los fundamentos materiales en los que se asienta el tráfico de influencias, el amiguismo político y la naturalización de una práctica deleznable en una sociedad capitalista cada día más descompuesta y lumpenizada. Casos como el de la campaña de vacunación promocionada por el gobierno de Kicillof invitando a vacunarse y salteando cualquier lista de espera a “famosas vedettes”, como Moría Casán, cuyo mayor atributo fue ser la amante de militares de la última dictadura, generan indignación en miles de jubilados y pacientes de riesgo. Ejemplos así muestran la asqueante frivolidad corroída de la politiquería burguesa y el ensalzamiento de figuras del espectáculo por encima de los trabajadores de la salud o de la educación. No es casualidad la decisión del gobierno bonaerense, por el contrario, es una muestra más de quienes son sus pares de clase y quienes estamos afuera (3). La cultura de la corrupción, insistimos, es una parte ESENCIAL del funcionamiento del Estado y no responde a un partido o un gobierno en particular, sino que es una rasgo común de la burguesía y compartido por todos aquéllos que defienden sus intereses. La pérdida de los principios, de los límites, la incapacidad de ponerse al servicio de las necesidades del pueblo, el sacar ventaja de un puesto o un cargo y sus justificaciones al estilo “roba pero hace” son expresiones del individualismo más cínico y vergonzante y, mal que le pese a sus seguidores, hay lugares de los que no se vuelve... Es inmoral, profundamente injusto y una falta total de respeto a los miles de fallecidos en la primera línea de trabajo y a sus familias que militantes del frente de Todos, como el joven intendente interino de Avellaneda Alejo Chornobroff de 28 años, Daniel Scioli, y la flia Duhalde, entre otros, se hayan apropiado de lo que les correspondía justamente a miles de argentinos en primer lugar (4). Es repudiable y violento que nuestros jubilados sean postergados mientras estos sátrapas y ladrones se apropian de lo que nos pertenece a todos. Es violento que se muera personal sanitario sin recibir su dosis porque estos delincuentes se “colaron” en la vacunación en la que hasta hipócritamente se hicieron anotar como “trabajadores de la salud”… Genera odio que los privilegiados sean los mismos personajes que tanto daño le han hecho a nuestro país durante décadas.

Rápido de reflejos para apagar un incendio que se expande sin control mientras crece la decepción y la pérdida de confianza del pueblo ante la gestión de la campaña de vacunación (5), el presidente Alberto Fernández le soltó la mano a Ginés González García -quien venía siendo cuestionado por su mal desempeño en el manejo de la pandemia- y le exigió la renuncia (6). En un primer momento, Alberto Fernández, quien intentó contener y tapar la bomba que finalmente explotó, capitalizó políticamente la situación en su favor con la cabeza de Ginés González García en bandeja de plata para la tribuna y, de paso, buscó enviar señales tranquilizadores al pueblo al señalar que no va a tolerar ningún otro hecho similar. También y por las dudas bajó del avión a otros funcionarios sospechados de recibir la vacuna sin la autorización correspondiente (7). Por otro lado, la designación de la nueva ministra de Salud Carla Vizzotti le da aires nuevos al gobierno del Frente de Todos en medio de la tormenta y sobre todo en tiempos electorales y, por su lado, el kirchnerismo coloca a alguien de su riñón lo que marca su influencia dentro del gobierno (8). Lejos de apaciguarse, el escándalo pega fuerte en la debilitada imagen del gobierno y está generando una crisis de confianza sin precedentes de cara a las elecciones, sumado a la imputación penal por corrupción de Ginés Gonzales García y la investigación a los funcionarios que violaron sus deberes de funcionarios públicos (9 y 10). Por tales motivos, el gobierno nacional para terminar de lavarse las manos y calmar la bronca popular publicó la lista de sus “vacunados con privilegios” en el Hospital Posadas entre los que figuran Zannini, Sergio Chods, Chiche Duhalde, Lisando Bonelli, sobrino de Ginés entre cientos más de amigos y funcionarios menores (11 y 12). Si el gobierno realmente quiere combatir la corrupción debería expulsar de sus cargos a todos los implicados, cómplices y secuaces partícipes del hecho.

Por su parte, la recién asumida Ministra Carla Vizzotti para atenuar el impacto del escándalo tomó con rapidez una medida inteligente: impulsó un plan de vacunación masiva para los docentes, uno de los sectores más expuestos con el inicio de las clases presenciales (13) y desde donde las protestas iban en ascenso no sólo de parte del sector educativo, sino de madres y padres disgustados que aún resisten a la imposición de la “presencialidad” sin las condiciones necesarias e imprescindibles, como escuelas aptas para que los niños mantengan la distancia, algo que no existe prácticamente en ningún lugar del país.

Además, después del escándalo y con el fin de “transparentar” la nueva gestión y poner punto final al quiosco del vacunatorio personal del gobierno, Vizzotti anunció un nuevo programa de vacunación más equitativo con mayor control y monitoreo (14) y definió cuál es el “personal estratégico” a través de la Resolución 2021 del Ministerio de Salud, estableciendo las prioridades y mecanismos de control para ser incluidas las excepciones dentro del plan general (14)

Para cerrar el tema de las vacunas Vip no podemos obviar el manejo discrecional de vacunas por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de Cambiemos que las repartió entre sus amigos de las clínicas privadas. Como siempre, el PRO, fiel a su esencia de burguesía parasitaria, se apropia de los bienes sociales que son del Estado supuestamente para beneficio de todos, especialmente de los trabajadores de la salud entre los que quedan cientos sin vacunar en los hospitales públicos de CABA, favoreciendo a las clínicas privadas y fortaleciendo los negocios particulares. Es un hecho aberrante la privatización de las vacunas y dejan en evidencia la desigualdad de clase y los privilegios que detentan los dueños del poder (17). Unos las reparten entre sus amigos peronistas y el otro, entre sus amigos empresarios de la salud. Todos cortados con la misma tijera.

Debemos seguir denunciando cada caso de corrupción y abuso de poder, exigiendo transparencia y una justa distribución de las vacunas, CONTROL para cada distrito, gobernación e inclusive estamentos del estado como el Ministerio de Salud. No podemos ni debemos permitir que el estado burgués priorice las amistades, los vínculos políticos, los privilegios para los empresarios de la salud privada o sindical, por encima del personal sanitario que aún tiene entre sus filas trabajadores sin vacunar que se siguen exponiendo día a día. De nuestro manifiesto descontento, de nuestras denuncias ante cada hecho de corrupción depende que se sientan acorralados y actúen como deberían haberlo hecho desde el comienzo. Las vacunas tienen que llegar a nuestros adultos mayores, nuestros docentes y nuestros trabajadores, los verdaderamente “esenciales”.

Nadie puede negar que todo este escándalo ha sido violencia contra el pueblo. Como venimos sosteniendo, LA SALUD ES UN BIEN SOCIAL y no un privilegio para un hato de ventajeros sin ética ni principios de ningún tipo.

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PARTE II

En tiempos de campaña electoral el gobierno de la burguesía sopesa las distintas salidas para tapar la crisis social y económica latente con el fin de lograr el apoyo del pueblo a su gestión. El primer punto de disputa entre Cambiemos y el Frente de Todos gira en torno a la posibilidad de suspensión de las PASO que deberían realizarse en agosto. Un sector de los gobernadores peronistas propone que se suspenda y modifique la fecha de las PASO teniendo en cuenta el contexto del Covid-19 con una población que, en su mayoría, no está inmunizada y, sobre tod,o por el efecto negativo que podrían tener en la votación las medidas tomadas por el gobierno alrededor de la inflación, los salarios y el acuerdo con el FMI (1). Por su lado, la oposición debilitada con un discurso similar al movimiento antivacunas enarbolando la hipócrita bandera de la defensa de la república y sus instituciones no está dispuesta a pactar con el oficialismo una posible postergación. Fiel a su estilo zigzagueante, Alberto Fernández se lavó las manos y puso como única condición que haya un consenso mayoritario entre los dos partidos en el congreso para correr el calendario electoral, lo que equivale a decir: si no están los votos por mayoría, el gobierno no mueve un dedo. Por lo pronto, esta puja de intereses tiende a profundizarse y no avizora una solución en el corto plazo (2).

Sin dudas, una de las preocupaciones del gobierno nacional es el aumento constante de la inflación, una de las tantas formas en que la burguesía se apropia de la riqueza generada por los trabajadores (3). Mientras los grupos más concentrados de la economía no dejan de percibir beneficios a costa de exprimir los bolsillos de los trabajadores y el pueblo, el gobierno lanzó un paquete de control de precios para estabilizar los montos de los alimentos de primera necesidad y contener el descontento social de vivir con salarios por debajo de la canasta básica que ronda los 54 mil pesos (4 y 5). Tratar de controlar a los monopolios de la alimentación como Mastellone, Fargo, Bunge, Molinos Río de la Plata, entre otros, con sanciones y multas no es algo novedoso dentro de los lineamientos de la política del Frente de Todos que distan muy lejos de las medidas realmente progresistas adoptadas por el Gral. Perón en su primer gobierno. Muy por el contrario, el control de precios sólo es un paliativo para calmar a la propia tropa disconforme por el rumbo económico sostenido por el gobierno. En ese sentido, el gobierno nacional impulsa nuevos acuerdos con los sectores de la producción de alimentos, la construcción y la electrónica con el fin de evitar cualquier aumento desmedido que ponga en riesgo la delicada paz social.

El gobierno de Alberto Fernández avizorando un posible escenario de conflictos protagonizados por la clase obrera que se está movilizando por la recomposición de salarios, la defensa de los puestos de trabajo y una mayor participación en la distribución de la renta nacional, como los recientes casos de la huelga nacional convocada por La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (6) o las asambleas y paros dirigidos por las bases en Ternium Siderar (7) lanzó el Consejo Económico y Social como forma de conciliar los antagonismos de clase entre los patrones y los trabajadores. El objetivo es lograr un acuerdo político entre empresarios, referentes oficialistas de movimientos sociales y la burocracia sindical para contener cualquier iniciativa propia de los trabajadores y asegurar la estabilidad de la burguesía. El peronismo buscará contentar a las masas y tranquilizar las aguas que amenazan con agitarse demasiado manteniendo el control social tan necesario para la clase dominante. Los trabajadores no podemos confiar en que del consejo integrado por patrones y burócratas sindicales pueda salir algo bueno para nosotros, muy por el contrario, debemos desconfiar de tan “buenas” intenciones…

En esa línea, otra propuesta impulsada por el Frente de Todos es el proyecto para modificar el mínimo del impuesto al salario, mal llamado impuesto a las ganancias que, de aprobarse, beneficiaría a más de 1 millón de trabajadores. La iniciativa presentada por el camaleónico Sergio Massa es un mero parche porque lo que debería hacerse es eliminar ese impuesto extorsivo para los trabajadores (8). Sin embargo, la propuesta del peronismo apunta por un lado, a congraciarse con la otrora columna vertebral del movimiento y por el otro, a evitar que el ejemplo de los trabajadores de Toyota se expanda a todo el movimiento obrero (9).

Uno de los puntos de conflicto entre el gobierno y los trabajadores es el regreso a las clases presenciales. Más allá de los discursos cínicos del ministro Trotta, de Larreta, de todo funcionario ligado a la educación en las provincias sobre los protocolos sanitarios en las escuelas, la tan mentada vuelta a clases evidenció la catástrofe a la que puede llevarnos el capricho y la desidia gubernamental, lo cual lleva a preguntarnos ¿Al estado burgués le importa la salud de todos nosotros, de nuestro hijos, de los trabajadores de la educación o, por el contrario, nos exponen cruelmente a la propagación del Covid-19 por una cuestión de agenda? ¿Por qué la ministra Soledad Acuña obliga a los niños a enfermarse en la escuela o perder la vacante conseguida con mucho esfuerzo por sus padres? (10). ¿Es que el gobierno pretende enfermarnos a todos de manera deliberada? ¿Es tan grande la estupidez y tozudez del ministro Trotta que no puede darse cuenta del riesgo del Covid-19 al que nos expone? Parece que todos los funcionarios educativos y los dirigentes sindicales viven en una burbuja desconocida o simplemente no les importa la vida de ninguno de nosotros. Ni siquiera aprendieron algo dee los ejemplos desastrosos que significó la vuelta a clases en países de Europa como Francia o Alemania. La necesidad imperiosa del gobierno de obligar a toda la sociedad a volver a la “normalidad del aula” va a tener un efecto no deseado para nuestro pueblo. Pensemos en algo tan sencillo como en la enorme masa de gente que se moviliza en el transporte público diariamente para ir a trabajar a la que se sumarán millones de personas más para ir a las escuelas aumentando exponencialmente los contagios. Imaginemos los cientos de miles que viajan en colectivo, subtes y trenes para ir a las escuelas que en días normales van colapsados de gente como lugares propicios para la dispersión del virus. Pensemos en las millones de personas de riesgo, sobre todo nuestros adultos mayores o personas asmáticas o con condiciones previas de otras enfermedades que conviven en casas con niños o están bajo el cuidado de docentes que se verán expuestos gravemente al contagio. Si nos ponemos a pensar en el movimiento cotidiano de la vida social, las posibilidades de contraer el Covid-19 se multiplican al infinito como consecuencia de la vuelta a las aulas, lo que significa que la política del ministerio de educación es un suicidio colectivo. La vuelta a clases es más enfermedad, más contagios, más muertos para todo nuestro pueblo.

Como vienen denunciando los propios docentes, debido a la enorme inoperancia y un alto grado de improvisación de parte del ministerio de Educación, no están dadas las condiciones sanitarias, edilicias, de infraestructura para garantizar las clases presenciales a nuestros niños y adolescentes de manera segura y eficaz (11). Décadas de desfinanciamiento de la educación pública generaron un sistema que funciona mal, sin recursos, librado a su suerte, poniendo de relieve que para la clase dominante y su estado la educación no es un derecho. El ministro Trotta debería tener un poco de humildad y escuchar y aprender de aquéllos que sostienen día a día las escuelas del país: directivos, docentes, preceptores, la cooperadora de padres y madres que, seguramente, serán los primeros en contagiarse debido a la irresponsabilidad y la desidia gubernamental. Hacemos responsable al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Larreta y a su ministra de salud Soledad Acuña por las 32 escuelas que al día de la fecha reportan contagios de Covid-19 (12 y 13).

NO debemos olvidar el apoyo silencioso y cómplice de la dirigencia docente de Ctera en primer lugar y de todos los gremios docentes provinciales que no impulsaron ninguna medida de fuerza en defensa no sólo de la educación, sino de la salud de todos los argentinos en segundo lugar. Salvo contadas excepciones, es repudiable cómo la burocracia de Ctera y los gremios docentes más importantes se han lavado las manos sin hacer lo que deberían: impulsar un duro plan de lucha convocando a un paro nacional contra el inicio de clases o una huelga general para hacer fracasar el plan del gobierno y defender a sus bases de las consecuencias nefastas que traerá la reapertura de las escuelas o un corte de servicios hasta que no estén vacunados todos los trabajadores de la educación. La traición lisa y llana de la burocracia sindical que dejó indefensos y expuestos a todos sus representados no tiene nombre, son cómplices y responsables directos de cada niño enfermo, cada docente infectado, cada fallecido por Covid-19 de la comunidad educativa. El silencio y la aceptación de las conducciones docentes a los lineamientos del gobierno merecen nuestro más profundo rechazo y apelamos a las bases conscientes y organizadas a impulsar la acción y la lucha contra el inicio de las clases presenciales.

Uno de los sucesos que volvió a poner sobre el tapete la violencia machista y la impunidad del patriarcado dentro de las instituciones del estado fue el femicidio de Ursula Bahillo, asesinada a manos del policía Matías Martínez. El dolor, la bronca de familiares y amigas por la impunidad y la protección del Estado burgués brindado al asesino de Úrsula generó una ola de movilizaciones en las que miles de mujeres de todo el país salieron a las calles para gritar: EL ESTADO NO NOS CUIDA. El triste femicidio de Úrsula, como el reciente asesinato de Ivana Módica, desnudan el funcionamiento de los resortes y las estructuras de poder y encubrimiento dentro del Estado en las que participan el comisario, el juez y los fiscales que desestiman los pedidos de ayuda de las mujeres víctimas de violencia de género y protegen de manera cómplice a los agresores. El problema no se va a resolver con ministerios de la mujer ni con discursos sobre el fin del patriarcado o con políticas que apunten a modificar las estructuras que apañan estas prácticas, porque el problema es más profundo y tiene sus raíces en el carácter de clase del estado en el cual vivimos todos dentro del sistema. El Estado es la fuerza organizada que utiliza la burguesía para dominarnos. El Estado burgués es el instrumento de poder que tiene la clase dominante para mantenernos bajo su poder y está asentado en su capacidad de imponernos sus reglas (leyes, constitución), su democracia parlamentaria, sus ideas e imparte, desde su propia legitimidad, el uso de la fuerza y la violencia a quien ose cuestionar su predominio o sus intereses de clase. El Estado y sus diferentes gobiernos son quienes se arrogan el uso de la fuerza sobre los sectores populares y quienes lo llevan a la práctica cotidianamente son sus propias fuerzas represivas. Es el Estado quien legitima la violencia de la policía, la protege y le da la impunidad necesaria a su accionar represivo. Es el Estado Burgués el que ordena reprimir manifestaciones de trabajadores y estudiantes, desalojar asentamientos populares, detener activistas ambientales o sostener la política de gatillo fácil en nuestros barrios. Es el estado el que hace la vista gorda con las redes de narcotráfico y de trata de personas que maneja la Federal, la bonaerense, la gendarmería entre otros. Por tanto, ese mismo Estado le garantiza el uso de la violencia estatal a todos los miembros de las sus fuerzas que también la trasladan a sus relaciones afectivas, personales y familiares. No es casualidad que una parte importante de las denuncias por violencia de género tiene como protagonistas a miembros de las fuerzas represivas porque gozan del poder y la impunidad que les otorga el Estado burgués (14 y 15) como muestran los 6 mil efectivos denunciados por violencia de género que siguen en actividad en la bonaerense (16). Creemos que no apuntar este “detalle” no nos hace ver la dimensión y la complejidad del problema. Mientras exista ese Estado, mientras vivamos dentro del capitalismo, lamentablemente, no dejarán de haber femicidios ni las fuerzas represivas serán más respetuosas de la vida del otro porque ese poder está asentado en la desigualdad existente entre una clase sobre otra y requiere de una transformación radical de la sociedad para extirpar esos males.

Por último y completando nuestra primera parte de este análisis nacional, queda agregar que no se comprende cómo el partido gobernante regaló un flanco tan sensible como el de la vacunación masiva dejándole a su opositor Cambiemos y a toda la canalla que lo integra el mejor argumento para que vuelvan a las calles a hacer sus “protestas”. Patricia Bullrich ni lerda ni perezosa convocó a una manifestación en la calle para este sábado cuando hicieron más de lo mismo: desde portar pancartas ofensivas, hasta dejar unas siniestras bolsas de consorcio con formas humanas con los nombres de los vacunados, incluida Estela de Carlotto, en la Plaza de Mayo frente a la casa de gobierno (17 y 18). No se entiende, tampoco, la tibieza del actual presidente que debería denunciar a los responsables de tamaña amenaza y alegoría por apología de la violencia. Lejos de eso, sólo emitió un twit… Las bases del Frente de Todos tienen mucha razón en expresar su descontento, aunque a hurtadillas, frente a tanta tibieza.

Los últimos sucesos políticos y sociales del país nos demuestran que de un gobierno burgués por más color y nombre o pasado bonito que tenga, no podemos esperar nada que nos beneficie; que bajo un Estado dirigido por una clase que tiene el poder, que violenta, oprime y reprime a través de sus fuerzas policiales a los pibes de los barrios, los trabajadores y las mujeres no podemos confiar en que hará otra cosa que no sean cambios de forma y no de contenido, a la vez que seguirá aplicando más represión y violencia. Tenemos que tomar conciencia de que el problema material de todo es el PODER y que mientras la clase dominante lo ejerza sosteniendo el sistema capitalista que la beneficia, los trabajadores no podremos modificar las estructuras que nos oprimen. La lucha por el poder es lo que nos dará las herramientas para transformar esta sociedad por una más justa, igualitaria y libre, sin patriarcado, sin explotación, sin injusticias: la sociedad socialista.